La suerte de María Estela “Isabel” Martínez de Perón en la megacausa “Operativo Independencia” no está sellada. La figura de la ex presidenta de la Nación, que no participa ni como imputada ni como testigo, volvió a alcanzar protagonismo ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF), durante el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 271 víctimas.

La defensa oficial -representa a 15 de los 19 imputados- había requerido el jueves la nulidad de la resolución del Tribunal que dejó a Martínez de Perón fuera de la lista de testigos. Ayer, los fiscales no se opusieron a la posibilidad de que sea citada a comparecer. Advirtieron, sin embargo, que sigue siendo imputable por 400 casos del año 1975 que se encuentran en investigación.

Los jueces Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga darán a conocer el próximo jueves su decisión al respecto, junto con la resolución de una veintena de planteos efectuados por las partes.

“Otro escenario”

Cuando el TOF había rechazado a fines de marzo que Martínez de Perón declarara como testigo, fue porque la Cámara Federal de Casación Penal debía resolver su imputación. Entre el ofrecimiento de testigos y el inicio del juicio, ese tribunal determinó -a mediados de abril- que no fuera indagada. El fiscal Pablo Camuña, que encabeza el equipo del Ministerio Público Fiscal, explicó ayer esta situación en la sala de audiencias.

“La vía planteada por los defensores es equivocada, porque se hizo mediante un planteo de nulidad al rechazo de la citación. Pero aquí hay un hecho nuevo que podría haber reeditado la cuestión: Casación finalmente le dijo que no a la Fiscalía. Hay otro escenario”, expresó. Precisó que suman 400 los casos que están en etapa de instrucción y que contienen hechos que ocurrieron durante la vigencia del Operativo Independencia. “Entendemos que en esta causa el obstáculo formal para que declare ha cambiado. Si quieren traerla como testigo, no nos oponemos. Pero siempre y cuando se considere que para este Ministerio Público sigue siendo imputable”, manifestó.

La viuda de Juan Domingo Perón, que ordenó en 1975 la puesta en marcha de la incursión militar que da nombre a la megacausa, tiene 85 años y vive en España.

La Fiscalía había requerido en la acusación original- en 2011- que Martínez fuera acusada junto a ex miembros de fuerzas de seguridad. El juez Daniel Bejas decidió no hacer lugar al llamado a indagatoria. El fiscal insistió ante la Cámara Federal de Apelaciones, que confirmó el criterio de Bejas. Camuña y su equipo recurrieron por eso a la Cámara Federal de Casación Penal.

“Venimos denunciando a la ex Presidenta en casos como el de Monte Chingolo. La consideramos responsable política. Sería la primera vez que es interpelada”, afirmó el querellante Luis Santucho al adherirse al pedido de los defensores para que Martínez sea citada. El abogado representa a la Liga por los derechos del hombre, por las víctimas Rosa y Néstor Zurita.

El abogado Emilio Guagnini, patrocinante de la Asociación de ex presos políticos por las víctimas Gustavo Holmquist y R.C, disintió. “Esta querella pidió que sea traída como responsable. Tiene que venir, pero tiene que estar sentada atrás de los defensores (por el sector donde están los acusados). Traerla como testigo no reflejaría su rol en este juicio”, argumentó.

Tanto los defensores oficiales como los particulares habían requerido que estuviera en el proceso oral. Facundo Maggio, de la defensa de Francisco Orce, había manifestado que la Justicia “la protegía por ser del Partido Justicialista” y también había hecho hincapié en la necesidad de que declarara. Los abogados remarcaron que podría participar mediante el sistema de teleconferencia.

Fiscales ad hoc

Durante la jornada de ayer, la Fiscalía respondió a las presentaciones preliminares -como las nulidades o la conformación del tribunal- que habían hecho las defensas en la audiencia del jueves.

Camuña pidió el rechazo de la gran mayoría. Planteó que, en general, eran extemporáneos, reiterativos o técnicamente mal efectuados. Entre las presentaciones criticadas está la de recusación de todos los jueces. “No cumple con los requisitos mínimos de una recusación, con la gravedad y seriedad que implicaría. No se puede hablar tres minutos y pedir que se separe al tribunal completo”, rechazó.

Uno de los puntos de mayor controversia fue el planteo que hicieron los patrocinantes de los acusados contra los fiscales ad hoc Agustín Chit y Julia Vitar (su designación se conoció ayer).

Adolfo Bertini -lidera la defensa oficial- apuntó a la falta de “objetividad” de los letrados y argumentó que fueron querellantes en causas por delitos de lesa humanidad. En el caso de Vitar, aseguró que esta causa estaba “contaminada” porque había sido la abogada del caso Zurita. Julieta Jorrat, representante de Luis Figueroa, afirmó que el juicio “se vuelve cada vez más vergonzoso al tener a querellantes nombrados en el Ministerio Fiscal”. Nadia Orce, codefensora de Maggio, aseguró que “es sabido que Vitar, junto a su entorno familiar, tiene un encono personal con los que estamos de este lado del mostrador. Entiendo que es una excelente profesional, pero esto parece una burla. Pido que se hagan las cosas acorde a Derecho”.

Chit aseguró que “no hay sustento legal” para que se aparte. “No actué en esta jurisdicción hasta el año pasado. No representé víctimas ni asociaciones contra estos acusados. Si lo hubiese hecho, tampoco es motivo de recusación”, explicó. Recordó que cumple con los requisitos legales y que, incluso, está primero en el orden de mérito de la terna correspondiente al concurso en marcha por la Fiscalía Federal N°3.

Vitar, a su turno, consideró que el haber ejercido como querellante no implica que no trabaje con objetividad. “No me desempeñé en esa causa en el caso Orce y desconozco lo del ‘encono personal’ que tendría contra el imputado”, advirtió.

Por Albornoz.- El planteo de los defensores para que se aparte del juicio al imputado Roberto “El Tuerto” Albornoz irritó a las querellas. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bernardo Lobo Bugeau, rechazó los argumentos de que una eventual pena no sería ejemplificadora, dado que ya cuenta con cuatro a perpetua. “Los organismos y víctimas no sólo se centran en la pena. Lo central es la verdad histórica”, aseguró. Luis Santucho, de la Liga por los derechos del hombre, consignó que debe estar en el debate porque los familiares tienen la “esperanza”de que haya una “apertura a la verdad” y diga dónde están los desaparecidos. “La reparación a las víctimas debe ser tenida en cuenta”, dijo. La abogada Inés Lugones -representante de víctimas santiagueñas- aludió a la pérdida de dignidad mencionada por los defensores. “A la dignidad no la perdió aquí, sino cuando hizo lo que hizo. Participó de hechos atroces”, consignó.

LA VÍCTIMA 271.- Esta semana se sumó una víctima al juicio. Se trata de Mario Ernesto Medina, un contador que fue conscripto y que trabajó en la Fiscalía de Estado. Según los expedientes, estuvo secuestrado en el centro clandestino del Arsenal. El imputado en su caso es José Roberto Abba. Los fiscales consignaron que habría escuchado la voz de Abba, entonces fiscal de Estado, durante su cautiverio.

Cómo sigue.- La audiencia se reanudará el jueves. El TOF dará a conocer las resoluciones de los planteos efectuados por defensores y acusadores. Después, los imputados podrán declarar frente a los jueces. Ninguno de ellos tendría previsto referirse a los hechos que se les imputan, de acuerdo trascendió. De todos modos, los defensores suelen definirlo en el momento. La etapa siguiente ya será la de los testimonios. Si bien fueron ofrecidos 1.400 testigos, no todos declararán. Las declaraciones de los que estuvieron en otros juicios serán reproducidas. Los primeros en comparecer serán los llamados “de contexto”, entre los que se encuentran historiadores e investigadores, por ejemplo.

Doceavo proceso.- El juicio es el doceavo por delitos de lesa humanidad que se celebra en Tucumán. Es el de mayor magnitud, por el número de víctimas. Las causas, a diferencia de procesos anteriores, están agrupadas por período (1975) y no por centro clandestino. Se estima que las audiencias se extenderán durante un año y medio.

Con el DNI.- El proceso es oral y público. Para concurrir se debe ser mayor de edad y presentarse con el DNI en el edificio de Chacabuco y Crisóstomo los días de audiencia. Se celebran los jueves y viernes, desde las 9.